21 dic. 2012

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ABRUMADOS por embestidas diarias contra los derechos sociales, otras luchas de similar calado se ven inevitablemente relegadas. La salud es una de ellas. Pedir ahora que la gente salga a la calle para manifestar de nuevo su rechazo a la contaminación en Huelva y que se investigue su incidencia en ciertas enfermedades, podría parecer hasta inoportuno: es que ya no damos más de sí. Y sin embargo, saber por qué aquí existe una mortalidad tan alta en once tipos de cáncer, o cuál es la causa de que se hayan disparado los casos de sensibilidad química múltiple, o por qué hay tantas enfermedades respiratorias, sigue siendo vital para nuestro futuro y el de nuestros hijos. 

Así lo entiende la Oficina del Defensor del Pueblo, que destinará una partida para la realización de un informe previo que señale dónde hay que ponerse a investigar. El informe lo hará la Sociedad Española de Epidemiología y tendrá que estar listo antes del 31 de diciembre. No será, ni mucho menos, el dictamen definitivo, pero servirá para que la Consejería de Salud lleve después a cabo los análisis y estudios necesarios. 

Ahí estará, es de suponer, la pelea, en obligar al gobierno autonómico a tomar cartas de una vez en el asunto, porque hasta ahora sólo ha habido promesas incumplidas. Hace cuatro años 25000 onubenses dejaron expresamente su firma y salieron masivamente a la calle para que cesaran los vertidos de fosfoyesos, se retiraran las cenizas radioactivas y se realizara un estudio epidemiológico. Lo primero ya se ha conseguido. Sería un escándalo si ahora se llega a la conclusión de que finalmente ese estudio es pertinente y la Junta siguiera dando largas. Y en este sentido hay un partido que tiene especial responsabilidad. Izquierda Unida forma parte de la Plataforma ciudadana que ha abanderado esta lucha, y como parte del gobierno tiene que darle prioridad a un problema que crea tanta alarma social. De lo contrario toda la labor realizada hasta el momento no tendría ninguna credibilidad. 

Las sospechas de la población son razonables: tenemos derecho a saber por qué se muere la gente o enferman nuestros niños. Y eso no significa ninguna amenaza para las empresas, sino todo lo contrario. Aquí no se trata de poner a la gente entre la espada de la enfermedad y la pared del empleo, sino de entender qué pasa y buscar soluciones. No es demagogia, sino transparencia. Por el bien de todos.

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