1 nov. 2012

Pessticidas sin control en campos y jardines: Los daños de los productos quimicos a personas ni se evaluan ni se difunden


BERTA CHULVI
Sobre la mesa del Gobierno hay un real decreto que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios y plantea la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Acción para conseguir el uso sostenible de las actividades fitosanitarias. CCOO ya ha presentado alegaciones al documento y considera que los representantes de los trabajadores han de estar presentes en la elaboración del plan. Desde la perspectiva de la salud laboral queda mucho por hacer y hemos querido ver cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras que aplican estos productos en las explotaciones agrarias y en las empresas de jardinería.
“Los agricultores trabajan bastante desprotegidos en lo que se refiere a la aplicación de fitosanitarios, incluso en las cuestiones básicas como la utilización de equipamientos de protección individual”, quien así habla es José Serra, ingeniero técnico agrícola en la delegación de Canals (Valencia) de Eurofins Agrocience Services. Serra estima que más del 50% de los agricultores independientes no utilizan mascarillas adecuadas cuando aplican pesticidas en aerosol: “Si los productos son en polvo y se aplican por espolvoreo, los agricultores sí suelen utilizar las mascarillas porque notan que les molestan las partículas en las vías respiratorias y además las mascarillas son baratas. Cuando se trata de pulverizar, la situación es algo distinta. Los agricultores piensan que al estar diluidas en agua las sustancias no les van a afectar tanto y, además, las mascarillas son más caras. Es un grave error porque el producto diluido en agua se aspira tanto por vías respiratorias como por la piel”, explica Serra. Con los guantes, el problema es que los trabajadores se protegen exclusivamente en el momento de realizar la mezcla del producto y se los quitan durante la aplicación del producto. Se es consciente de los accidentes y de las intoxicaciones agudas, pero no de los efectos crónicos de estos productos.
Las creencias ancestrales sobre lo que es nocivo persisten y siguen operando porque hay un nivel de información y sensibilización insuficiente: “Los agricultores consideran menos peligrosos los herbicidas porque matan hierbas, aunque algunas veces contengan sustancias cancerígenas o mutágenas. Y sin embargo se protegen más con los fungicidas o los insecticidas, que matan hongos o bichos. Esto es un problema grave porque muchas veces la aplicación del herbicida es más intensiva y se da mucha mayor exposición al riesgo químico”.
José Luis Reig, delegado de CCOO en una empresa dedicada a la jardinería que trabaja para el Ayuntamiento de Ontinyent, coincide con Serra en sus apreciaciones: “Todavía hay muchos agricultores que siguen con la práctica antigua de ponerse un pañuelo mojado en la boca”. En otras empresas, en las que sí se cumplen los EPI reglamentarios, el problema es que los ritmos de trabajo disuaden al trabajador o trabajadora de su utilización: “Cuando vas de aquí para allá te quitas los EPI, y hay que estar muy concienciado para ponérselos otra vez si vas agobiado por el ritmo de trabajo”. La situación que describe Silvana en una gran empresa productora de hortalizas es mucho más dura: “Sabemos que estamos trabajando con productos que contienen sustancias cancerígenas, neurotóxicos y disruptores endocrinos. Le hemos facilitado un completo informe a la empresa y no hacen nada de nada”. Silvana relata que las delegadas de personal han de estar muy pendientes en el tema de los EPI: “Los trabajadores que fumigan en invernaderos llevan un mono desechable que se han de cambiar cada día, pero hemos observado, en repetidas ocasiones, que lo utilizan varios días seguidos y ha sido necesaria la intervención de las delegadas para que la empresa los sustituya”. Silvana afirma que hay mucho por hacer, pero que los trabajadores tienen mucho miedo al despido y callan.
Para los apicultores de la provincia de Málaga no hay protección posible porque el veneno cae sin previo aviso sobre sus colmenas y sobre sus casas desde las avionetas que fumigan los olivares. Lo explica Fernando Miguel del Rey, presidente de la Asociación Malagueña de Apicultores, que reúne a 230 productores y unas 45.000 colmenas: “Para acabar con la mosca del olivo, las grandes explotaciones agrarias utilizan, para ahorrar costes, la fumigación por avioneta. A nosotros nos dicen que dejan de fumigar cuando ven una casa o un río, pero eso es ciencia ficción, porque los pesticidas los transporta el viento. Hemos encontrado residuos de estas sustancias tóxicas a 10 kilómetros del lugar donde se había hecho el tratamiento”, explica Miguel del Rey. Estos pesticidas contienen productos mortales para las abejas y nocivos para los apicultores y la población en general: “La producción de miel en la provincia de Málaga se ha reducido en un 50% del año pasado a este y es por la aplicación de químicos. Si las abejas mueren, a nosotros también nos está afectando”. Miguel del Rey cita un reciente estudio de la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria donde se afirma que “el uso sistemático de pesticidas, que tiene como efecto la muerte de las abejas y otros seres vivos, nunca ha sido debidamente evaluado antes de la introducción de los productos en el mercado”.
Rotación de tareas y maquinaria
José Serra incide en otros aspectos que también son importantes: la rotación de tareas y el estado de la maquinaria con la que se aplican los productos. “Sería necesario reducir las exposiciones intensas a plaguicidas –señala este ingeniero agrónomo– y diversificar las tareas que los trabajadores realizan en una explotación agraria, porque de otra manera estamos hablando de exposiciones tan intensas (8 horas fumigando en un invernadero, por ejemplo) que las medidas preventivas son siempre insuficientes”, explica. Otro aspecto clave que a menudo pasa inadvertido es el estado de la maquinaria: “Se ha hablado mucho –afirma Serra– que las máquinas que se utilizan para aplicar los pesticidas deberían pasar una especie de ITV para comprobar que no tienen fugas, pero no se hace nada de eso. Como tampoco se vigila que los agricultores cumplan con las medidas preventivas. Cualquier autoridad te puede reclamar el carné de manipulador de plaguicidas –que casi todos los agricultores lo tienen–, pero si ven que tú estás fumigando en bañador, nadie te va a decir nada”.
¿Qué debería contener el Plan Nacional de Acción para el uso sostenible de los fitosanitarios?
CCOO ha presentado alegaciones al real decreto que plantean, entre otros, los siguientes puntos que debe incluir el Plan Nacional de Acción para el uso sostenible de los fitosanitarios:
  • Objetivos cuantificables del uso de plaguicidas con medidas y plazos concretos.
  • Indicar expresamente que la prioridad es fomentar el uso de métodos de gestión integrada de plagas y otras técnicas empleadas en la agricultura ecológica.
  • Establecer medidas para evaluar los impactos sobre la salud humana (agudos y crónicos) y el medio ambiente.
  • Garantizar la protección de las personas más vulnerables frente a los efectos nocivos de los plaguicidas (embarazadas, niños, enfermos, ancianos, etc.).
  • Ofrecer abiertamente la información sobre la realización de tratamientos a la población y a personas individuales y el acceso público a los registros de tratamientos fitosanitarios.
  • Garantizar que todos los operadores que manejen estos productos tengan la información sobre sus graves efectos y que siempre han de ser el último recurso.
  • En la elaboración del plan han de participar no solo los representantes de los usuarios profesionales, como indica en la actualidad el decreto, sino también los representantes de los trabajadores y ciudadanos, enfermos ambientales, organizaciones ecologistas, sociedades científicas, etc.
  • El plan debe crear los mecanismos para recoger la información sobre los daños a la salud de las personas, trabajadores y población en general, causados por la exposición a plaguicidas además de por envenenamientos.
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